ARGENTINA. Gremiales. Organizaciones sociales protestaron frente a los supermercados «contra la especulación» de los formadores de precios/ La CTA Autónoma pidió garantizar la integridad de acampantes en Lago Escondido…+info

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Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre 2022.-

Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias.

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Organizaciones sociales protestaron frente a los supermercados «contra la especulación» de los formadores de precios

Organizaciones sociales protestaron frente a los supermercados «contra la especulación» de los formadores de precios

Militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) se concentraron este martes en los accesos a grandes supermercados de todo el país, para reclamar contra «la especulación» que ejercen los formadores de precios y pedir «una redistribución más justa de los ingresos».

Los movimientos sociales se pusieron al frente de los reclamos a los supermercados por los constantes aumentos de precios que afectan especialmente a los bolsillos de las familias trabajadoras: «Exigimos lo básico, un piso de derechos en un fin de año duro, sobre todo para las y los que menos tienen. Si hay crecimiento en la economía, que llegue a los y las últimas de la fila como prometieron y no se la llevan unos pocos vivos mientras ajustan a los y las de abajo», señaló a través de un comunicado Dina Sánchez, vocera del FPDS y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los manifestantes se concentraron a partir de las 9 frente al supermercado Coto, ubicado en Lima 1553 de la Capital Federal, y en la sucursal que la misma empresa posee en la localidad de Tapiales, en el partido de La Matanza.

Esta organización se sumará mañana, además, a la marcha que prevé realizar la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el centro porteño, a partir de las 10.

Esa protesta consistirá en una movilización desde el Obelisco hasta el Palacio de Tribunales -ubicado en la calle Talcahuano al 500- en rechazo a lo que desde la CCC definieron como «el golpe institucional que realizan la derecha y la Corte Suprema de Justicia».

«Mañana nos estamos convocando desde la CCC, junto a todos los sectores populares, políticos y sindicales para marchar en todo el país para decirle no al ajuste económico a los de abajo, y basta a la persecución judicial y criminalización de los que luchan», dijeron a Télam voceros de la CCC.

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Cerca de 50 personas están acampando desde este martes por la mañana en las costas del lago Escondido. La CTA Autónoma reclama que se garantice la integridad de las personas que participan del reclamo.

La CTA Autónoma de Río Negro solicitó al Gobierno de la Provincia garantizar la integridad física y psicológica de las 50 personas que desde hoy a la mañana acampan en las costas de Lago Escondido a los pies de la mansión de Joseph Lewis.

La Policía provincial está en camino y la CTA exige que no sea para resguardar los intereses de Lewis sino la vida de los marchantes, entre quienes se encuentran Juan Grabois y el diputado Federico Fagioli.

Para la CTA el Estado provincial debe garantizar la plena soberanía territorial y lacustre en la zona y cumplir de manera inmediata con el fallo de la Justicia que le ordena habilitar el Camino de Tacuifí.

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«Ya tenemos antecedentes sobre la violencia que ejercen quienes se apoderaron de manera irregular de Lago Escondido. Violencia que ha sido posible gracias a la complicidad del gobierno provincial y su policía. En esta oportunidad esperemos que cumplan con su deber y se pongan del lado del pueblo», dijo Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de ATE y congresal de la CTA Autónoma Río Negro.

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“Nos quedamos en Exactas: gracias por tanto apoyo”, así expresó en un comunicado el Grupo de Filosofía de la Biología que hace más de 20 años funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y que el pasado 22 de diciembre fue informado por dicha institución, sin motivos concretos y con argumentos burocráticos, de que debían abandonar su lugar de trabajo. Luego de la noticia, numerosos activistas, asambleas comunitarias y socioambientales expresaron su repudio y apoyo. Más de 5000 firmas acompañaron un documento para pedir la no expulsión y una solución institucional estable para el Grupo. Ayer en una reunión, autoridades de Exactas se comprometieron a mediar negociaciones para que el equipo tenga un anclaje institucional dentro de la Facultad, mientras tanto se garantiza el espacio físico. Por ANRed.


El pasado jueves, el Grupo de Filosofía de la Biología, que funciona  en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se anotició de que no podían seguir realizando su trabajo que hace más de 20 años desarrollan en el segundo piso del pabellón 2 de la Ciudad Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue en una reunión con las autoridades de la institución en donde las mismas no argumentaron motivos concretos,  más que el espacio físico debía ser cedido y ante esto no propusieron lugar alternativo y  sugirieron al Grupo redireccionarse a otra institución.

El Grupo  está integrado por investigadores e investigadoras de Conicet, de las carreras de Biología, Filosofía, Historia, Antropología, en total  25 personas, con presencia en Córboba, Areco, Bariloche y Puerto Madryn. Su núcleo, 20 personas, están en Buenos Aires. Hace alrededor de dos décadas que trabajan problemáticas vinculadas a lo sociombiental, poniendo como eje lo ético y lo político de las intervenciones científicas en lo público.  Es un espacio interdisciplinario y de compromiso con las comunidades y la naturaleza. Para el Grupo estar en la Universidad no sólo es importante por el espacio físico de trabajo sino que significa además estar cerca donde se produce la ciencia que se pone en discusión.

Luego de la noticia, numerosas asambleas comunitarias, socioambientales y activistas expresaron su repudio a lo sucedido y apoyo al grupo.  Más de 5000 firmas acompañaron un documento en donde se pedía a las autoridades la no expulsión y una solución institucional estable.

Ayer, luego de una reunión con autoridades, el GdFB anunció finalmente que gracias a todo el apoyo lograron que la institución siga garantizando el espacio físico, mientras se trate en paralelo la regularización del equipo en la Facultad. “Desde el Grupo de Filosofía de la Biología (GdFB) agradecemos las más de 5000 firmas y las numerosas muestras de apoyo provenientes de distintas organizaciones y asambleas socioambientales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y trabajadores de distintos espacios universitarios y no universitarios de todo el país, reivindicando nuestra permanencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA. Este apoyo ha sido fundamental para garantizar la continuidad de nuestro grupo en la FCEN.”, expresaron.

Y sobre los resultados de la reunión contaron:  “Ayer, 27/12/22, tuvimos una reunión con la vicedecana Valeria Levi, el secretario adjunto de investigación Sebastián Suárez y el secretario académico Julián Fernández Bonder, quienes se comprometieron a mediar en negociaciones para que el grupo tenga anclaje institucional en la facultad, en el departamento que consideremos pertinente, con el espacio adecuado y sin pérdida de espacio para otros grupos de investigación del departamento en cuestión. A su vez, nos aseguraron la permanencia en el lugar físico de trabajo actual hasta que la situación se resuelva (supeditada a los acuerdos con el departamento) y nos propusieron continuar el diálogo a partir de febrero. Según los funcionarios, estas medidas se enmarcan en una reestructuración general que está llevando adelante la gestión y que afectará a todos los grupos de investigación de distinta manera, medida sobre la cual recién hemos sido comunicados. Esperamos transparencia de aquí en más en esta reestructuración de espacios y grupos de investigación.”

El Grupo hace varios años que reclama regularizar su situación. Son muchos profesionales que entraron a carrera de Conicet por la Facultad de Filosofía pero que la misma nunca les dió espacio de trabajo como así lo hizo la Facultad de Exactas, pero manteniendo la irregularidad. Sobre esto comunicaron: “Nuestro grupo trabaja en el espacio físico actual debido a un acuerdo institucional histórico e ininterrumpido a través de las distintas gestiones a lo largo de más de veinte años. Debido a la naturaleza híbrida e interdisciplinaria de la investigación que realizamos (con personas formadas en biología, filosofía, historia, computación, antropología), a lo largo de los años hemos generado numerosos intentos de estrechar lazos a través de una figura institucional entre las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Sin embargo, estos intentos no prosperaron y hoy el acuerdo institucional se deshace. Queremos reafirmar, entonces, nuestra voluntad de continuar ejerciendo la actividad en la FCEN, bajo las reglas que en conjunto se discutan en la comunidad de exactas, ya que consideramos necesario desarrollar nuestro trabajo aquí para seguir discutiendo para quién, para qué y con quiénes hacemos ciencia.

Finalmente el equipo ratificó que seguirán ejerciendo su trabajo, activismo y ciencia pública como hace ya  20 años: “Ratificamos nuestro compromiso con la búsqueda del bienestar de las comunidades y la naturaleza, a la vez que reiteramos los agradecimientos, en particular a las diversas comunidades, movimientos y organizaciones que nos han acompañado. Confiamos plenamente en que la articulación entre éstas y las universidades es clave para el futuro de la ciencia y de la sociedad.”

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Hoy trabajadoras y trabajadores del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora realizan una asamblea y corte de la calle Balcarce para exigir el cobro de un bono de 100 mil pesos y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. «Queremos resaltar el trabajo en salud que hicimos en estos años para enfrentar la pandemia. Pusimos el cuerpo, estuvimos ahí y sacamos al sistema de salud adelante como pudimos, con los instrumentos que teníamos y no puede ser que a la altura que estamos no recibamos un bono. La mayoría de nuestras compañeras son madres solteras o jefas de familia y no estan pudiendo llevar un planto de comida a su hogar. Por todo esto es que salimos a las calle a reclamar». Por ANRed


Hoy trabajadoras y trabajadores del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora realizan una asamblea y corte de la calle Balcarce para exigir el cobro de un bono de 100 mil pesos y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

En diálogo con ANRed, Natalia Ledesma Secretaria General de la Junta Interna ATE sur del Hospital Gandulfo explicó: «venimos hace tres semanas haciendo asambleas generales dentro del hospital donde nos reunimos todas las y los trabajadores para reclamar el bono navideño porque desde las cúpulas sindicales no tenemos ninguna noticia. Nos reunimos en el patio del hospital y hoy haremos una asamble  de trabajadores y corte sobre la calle Balcarce, ya que no tenemos respuestas.  Estamos muy inquietos, nuestros salarios estan por debajo de la canasta básica y la necesidad urgente de cobrar el bono para enfrentar las fiestas».

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Asimismo la trabajadora destacó el rol que tuvieron las y los trabajadores de la salud durante la pandemia y que dicho trabajo no se ve reflejado en sus salarios. «Queremos resaltar el trabajo en salud que hicimos en estos años para enfrentar la pandemia. Pusimos el cuerpo, estuvimos ahí y sacamos al sistema de salud adelante como pudimos, con los instrumentos que teníamos y no puede ser que a la altura que estamos no recibamos un bono. La mayoría de nuestras compañeras son madres solteras o jefas de familia y no estan pudiendo llevar un planto de comida a a su hogar. Por todo esto es que salimos a las calle a reclamar» finalizó.

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Nos despedimos del 2022 y retomaremos el año que viene deseando a nuestros lectores un  buen fin de año y un mejor comienzo el 2023. Contenido: docentes universitarios. Persecución a Jorge Adaro. Elecciones en Ademys. Atentado a sindicato docente en Comodoro Rivadavia y mucho más. Por Mario Hernandez.


Docentes Pre y Universitarios: propuesta salarial por debajo de la inflación

En el marco de la paritaria de revisión salarial, el ministerio de Educación de la Nación ofreció al sector una recomposición del 4% en diciembre, 2% en enero, 4% en febrero y 2% en marzo. Desde Conadu Histórica afirmaron que el total alcanzará a marzo de 2023 un 94%, una cifra por debajo de la inflación proyectada, y adelantaron que este lunes 26 de diciembre se reunirá el Plenario de Secretarías Generales para definir si aceptan o no la propuesta.

Los porcentajes ofrecidos por el ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, se aplican sobre la base del salario de marzo/2022. La iniciativa no incluye ningún bono de compensación por la pérdida del poder adquisitivo.

En la reunión convocada con solo dos horas de anticipación el Ministerio se comprometió a convocar a una nueva reunión de revisión para la segunda quincena de febrero de 2023.

“Esta propuesta no satisface lo que nuestra Federación, sobre la consulta a las bases, estableció como pliego de exigencias: que nuestros salarios no pierdan contra la inflación. CONADU Histórica definirá la aceptación o rechazo de la propuesta salarial del gobierno en un Plenario de Secretarías Generales que se realizará de manera virtual el próximo lunes 26. Las restantes organizaciones sindicales aceptaron la propuesta salarial realizada por el Gobierno Nacional”, expresaron desde la CONADU Histórica.

Sin recomposición salarial, peligra el inicio del nuevo año académico

El Plenario de Secretarías Generales de Conadu Histórica sesionó el jueves 15 en una carpa frente al ministerio de Educación de la Nación. Ante la falta de convocatoria a la mesa de revisión salarial pautada para diciembre, se decidió impulsar el no inicio del ciclo lectivo 2023 en las Universidades Nacionales como continuidad del plan de acción gremial. Esta medida se debatió en asambleas docentes de todo el país y se definirá en un Congreso Extraordinario que se realizará en febrero.

“Conadu Histórica viene denunciando que el porcentaje de incremento salarial que el gobierno impuso para el sector -con la anuencia de las demás organizaciones sindicales- es del 82% para todo el año mientras que la inflación proyectada para el mismo período será del orden del 100%. La pérdida salarial que se ha dado mes a mes durante el año, equivale a la pérdida de un sueldo completo. Esto ocurre en un contexto específico que está marcado por el compromiso del gobierno nacional con el FMI legitimando así la deuda fraudulenta contraída por Macri”, expresaron desde la agrupación que reúne a docentes universitarios.

En este sentido, exigieron la urgente convocatoria a la Mesa de Revisión Salarial para equiparar salarios e inflación; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre sus salarios; la actualización de los haberes jubilatorios respetando el 82% y el 85% móvil; el refuerzo de emergencia para las obras sociales universitarias; el otorgamiento de un bono por única vez para compensar la pérdida salarial sufrida durante el año.

No al ajuste en salud a los docentes universitarios

Docentes de la Universidad de Buenos Aires se movilizaron el martes 29 de noviembre frente a la sede de su Obra social, ubicada en Uriburu 860, en el marco de la jornada nacional de protesta. Exigen: “Abajo el aumento de los coseguros. Restitución de prestadores. Ninguna modificación del reglamento de afiliación que atente contra los derechos de docentes, no docentes, activos o jubilados”.

Compartimos comunicado:

NO AL AJUSTE

En la asamblea de docentes y no docentes (realizada el jueves 24 de noviembre) se denunció el brutal incremento de los coseguros, la caída de prestadores, del convenio de reciprocidad, la pérdida del descuento del 60% en farmacias y la pobre oferta en las mismas para medicamentos de cronicidad, la falta de prestadores de calidad para la atención de personas gestantes, entre otras situaciones.

Estas situaciones se dan en un cuadro de grave crisis económica, con una inflación que deteriora nuestros salarios (y consecuentemente nuestros aportes) y que pone en crisis el sistema de salud en general. Pero todo se agrava, al mismo tiempo, con una Obra social que no dirigen sus afiliadxs y cuyos libros contables también desconocemos. Incluso peor: sus resoluciones se toman en el Consejo Superior sin abrir consultas a afiliadxs ni a los gremios docentes. Es el caso del proyecto de modificación del reglamento de afiliados, que entró ayer en comisión.

Por eso volvemos a movilizarnos a DOSUBA. Para reclamar NO AL AJUSTE en NUESTRA OBRA SOCIAL.

* Abajo el aumento de los coseguros.* Restitución de prestadores* Ninguna modificación del reglamento de afiliación que atente contra los derechos de docentes, no docentes, activos o jubilados.* Rechazo al pago de sumas adicionales al aporte de cada afiliadx. No al ítem de prestaciones de alto costo y baja incidencia.* Que se siga garantizando el convenio de reciprocidad (actualmente solo se reconoce en una localidad).* Que se recuperen prestadores de calidad para la atención de personas gestantes.* Que se vuelva a aplicar el descuento del 60% en las farmacias y se mejore la oferta para provisión de medicamentos de cronicidad.

Seguimos con nuestros históricos reclamos:* Por una partida especial de la UBA y del gobierno nacional que cubra el déficit de DOSUBA.* Por la apertura de los libros para conocer ingresos y gastos de DOSUBA* Por una obra social administrada por sus afiliadxs elegidxs democráticamente.

Abrazo simbólico contra el cierre del Jardín de infantes en Agronomía de la UBA

Desde la comunidad educativa del Jardín Materno Infantil Agronomitos de la Facultad de Agronomía UBA convocaron para el lunes 5 de diciembre a un “abrazo” simbólico a la institución, ubicada en Tinogasta 2406, ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna No al cierre de sala de 3 y 4, sí al ingreso irrestricto, padres y madres denunciaron que la decisión “fue tomada de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los históricos reclamos de la comunidad de Agronomitos.”

La idea es “visibilizar la importancia que tiene el Jardín para toda la comunidad compuesta por estudiantes, docentes y no docentes”, afirmaron en sus redes sociales e invitaron a la actividad a toda la comunidad de la FAUBA, ex agronomitos y a quienes desearan mostrar su apoyo al proyecto educativo.

El jardín Agronomitos tiene 34 años de existencia y pasaron por allí les hijes de muchísimos docentes, no docentes y estudiantes, quienes cumplen o han cumplido funciones en la gestión de la Facultad.

En el petitorio que impulsan por la inclusividad y el proyecto educativo, relatan que una reunión a mediados de noviembre entre la comisión de Padres de Agronomitos, madres y padres de Agronomitos y autoridades de la Facultad de Agronomía se les comunicó la decisión que fue tomada “de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los históricos reclamos de la comunidad de Agronomitos.” El cierre pronosticado de la sala de 4 años será a partir del año 2024 y se cerrará la sala de 3 años a partir del 2025.

Madres y padres de Agronomitos sostienen que la comunidad ha tenido voluntad para sostener económicamente el funcionamiento de la sala de 4 años, pero fue desestimado por las autoridades. Por lo tanto, creen que la decisión del cierre de ambas salas “es política y no presupuestaria.”  Proponen en su reclamo la solicitud de cargos pre-universitarios para las docentes de la institución y un plan de obras que amplíe y mejore la estructura edilicia.

Contacto de redes y blog:  

Presupuesto de ajuste para la Universidad del Comahue

Con apenas 24 horas de anticipación, los y las consejeras superiores del Comahue recibieron el expediente con el proyecto de distribución del presupuesto universitario 2023. En una sesión que duró apenas 5 horas, el pleno del Superior se constituyó en comisión para que los y las consejeras pudieran “saldar dudas” y aprobar la resolución. Todos los bloques de los tres claustros, votaron a favor del proyecto, con el único rechazo de EnClaveROJA en el Frente de Izquierda. El consejero de El Colectivo (Mella/Cámpora) se abstuvo diciendo que sacarían una declaración explicando su votación.

Foto: Pan y Rosas – Neuquén.

Los 6 datos más relevantes del presupuesto aprobado

  1. En su informe, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) reconoció que significaba un tratamiento con “premura” y sin tiempo para que los miembros del Consejo pudieran analizar el texto. La propuesta de distribución es sobre el total de $14.366.296.149 calculado sobre una pauta inflacionaria de tan solo el 62%.
  2. De este presupuesto, el 93% será destinado exclusivamente a salarios, sobre la planta actual docente, lo que implica el congelamiento del llamado a concursos para el próximo año.
  3. Por otra parte, este número fue propuesto por las autoridades de la UNCO al CIN, para ser elevado al Congreso, sobre la base de una inflación estimada del 62%, cifra que reconocen en el mismo documento, hoy ya fue superada, planteando que “el contexto inflacionario en el cual se encuentra la Argentina, llegando a los tres dígitos en el mes de diciembre de 2022, no augura detenimiento o desaceleración de los precios, con lo cual de mínima, los gastos a afrontar en el próximo ejercicio serán el doble a los devengados en el presente”.
  4. Asimismo, el presupuesto no contempla ninguna obra o refacciones de infraestructura que según sostienen desde la gestión, dependen de partidas presupuestarias excepcionales -no se informan cuáles, ni de qué monto, ni qué posible fecha de ingreso- que son adjudicadas a cada universidad nacional.
  5. En relación a las becas estudiantiles, a pesar de las dificultades explícitas de estudiantes de todos los asentamientos y de las enormes cifras de deserción de la universidad (que llega al 60% en los primeros años), se mantienen en sólo 1.000 becas por un monto de $12.000, con aumentos trimestrales hasta octubre 2023, para llegar a $21.000. Se trata de un 75% de aumento, que aún sigue por debajo de lo estimado para la inflación del próximo año.
  6. Otro tema de discusión sorprendente fue la preocupación del rectorado por aumentar la planta de autoridades, que según el CIN ubica hoy a la UNCO el ranking N°30 de cantidad promedio de autoridades designadas para todas las sedes y asentamientos.

Los recursos propios de la UNCO

Una de las discusiones más relevantes fue la relacionada con la disposición de la UNCO de $1.005.940.952 de recursos propios. Son los recursos que genera la Universidad realizando “servicios” a dependencias estatales y privadas. En el detalle de la facturación se puede ver que la Radio Universidad Calf genera $2.053.700 a partir de la publicidad, por ejemplo, o $3.646.045 que genera el comedor universitario; pero también dos montos muy significativos que tienen que ver con el canon que retribuye el convenio de la UNCO con el Banco Credicoop por $142.345.554 y la enorme recaudación de la Facultad de Ingeniería por $479.795.065.

La consejera estudiantil de EnClaveRoja, Karla Tiersen, preguntó cómo se compone ese ingreso que es ni más ni menos que la mitad del ingreso total en recursos propios. La Decana de Ingeniería respondió que se trata “de lo que generan los grupos de trabajo que organizan los docentes de la facultad: en particular tenemos tres grupos, uno que hace monitoreo de tanques, otro de trazadores y otro de servicios de auditoría al automotor. Después hay laboratorios de química, entre otros. Dentro de ese monto está el costo del servicio que damos, el 10% queda para la universidad que lo administra la unidad académica: el 7% lo administran los departamentos y 3% la secretaría administrativa. Con esa plata, hacemos el mantenimiento de los laboratorios, compramos insumos, hacemos aportes para los congresos a los estudiantes. Es nuestra fuente para sobrevivir, somos una facultad cara”. Por si quedan dudas, se tratan de servicios mayoritariamente para la industria petrolera de Vaca Muerta.

Luego de su intervención, otros miembros del Consejo justificaron el uso de estos recursos para el funcionamiento de sus facultades, explicando que gracias a esos recursos “existimos” o que “si no fuera por estos ingresos no podríamos solventar la compra de equipos o el funcionamiento de las facultades”.

Se trata de un reconocimiento amplio de lo insuficiente del presupuesto estatal y la decisión de ir a una mayor injerencia de empresas y dependencias estatales en el financiamiento de la universidad pública. Especialmente en facultades como Ingeniería en las que la que es inocultable la cantidad de convenios con multinacionales petroleras, que obtienen enormes beneficios del trabajo precarizado de docentes y estudiantes de la UNCo.

Contra el desafuero del docente Jorge Adaro

El jueves 15 fue la primera audiencia por el juicio de desafuero que el Gobierno porteño ejerce contra el maestro y dirigente del sindicato docente Ademys, Jorge Adaro. Previo al comienzo de la misma, familias, docentes, estudiantes y organizaciones políticas, sociales y sindicales se hicieron presentes en la conferencia de prensa convocada en la escuela “José Martí” en Villa Soldati para expresar su rechazo a la persecución.

Fotos: Ademys

Estuvieron presentes en la conferencia docentes y compañeros y compañeras de la escuela N°19 del DE 19; la directiva del sindicato Ademys; representantes de UTE; referentes de la Comisión directiva del Suteba Tigre; AGD UBA; Raúl Llaneza de ATE Indec; Pablo Alymeida de ATE MECON; trabajadores aeronáuticos de GPS Aerolíneas Argentinas; representantes del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); legisladores/as y referentes políticos como Victoria Montenegro, del Frente de Todos; García Tuñón, de Buenos Aires para Todos; Celeste Fierro, Laura Marrone, Mercedes de Mendieta, Giordano, de Izquierda Socialista; Myriam Bregman del PTS; Gabriel Solano y Romina Del Plá, del PO.

Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, dijo durante la conferencia: “Hoy es Jorge, mañana serán otros, si avanza el Gobierno de la Ciudad en este intento”, y agregó: “Quiero agradecer a todas las organizaciones que están hoy acá, le vamos a quebrar el brazo al Gobierno de la Ciudad, como lo hicieron los compañeros del Sutna con la patronal y como los residentes y concurrentes”.

Julieta, compañera de la escuela y docente de la misma hace 15 años, señaló: “Para hablar de Jorge hay que hablar de esta escuela, porque siempre luchamos por todo lo que nos falta. No les interesa hablar, vienen a arreglar un ventilador cuando hay 30 más que no andan. Cuando mi compañero le dijo que no era bien recibido a Capponi, claro que no era bien recibido, si no pidió ni disculpas, agarró nuestros carteles y los rompió”.

Foto: La Izquierda Diario.

Jorge Adaro por su parte agradeció el apoyo y acompañamiento, denunció al Gobierno de Rodríguez Larreta y llamó a fortalecer la pelea: “Agradezco a mis compañeros y compañeras de la 19, no somos todos de un mismo sindicato ni partido político pero compartimos un método de asamblea. Todo lo discutimos porque tenemos una identidad de lucha”. Y continuó: “Hay un problema de vaciamiento de la educación pública, a la escuela pública la vamos a defender con las familias. Han querido y no pudieron romper el vínculo, ese lazo que hace a la escuela pública que es la unidad de los docentes, con los pibes y sus familias. El 60% de los pibes son pobres, contra eso también damos la pelea todos los días”.

Todo comenzó cuando en septiembre de 2021 el Director General de Educación de Gestión Estatal de CABA, Fabián Capponi, se hizo presente en la escuela N°19 de Villa Soldati. Luego de notar los carteles que las y los docentes de la escuela habían colocado contra la política del gobierno durante la pandemia, este funcionario, conocido por haber sido filmado en julio de 2020 -plena pandemia- sin barbijo y bailando con sus pares en las instalaciones del ministerio de Educación mientras fallecían docentes por COVID, se apersonó con tres personas que no se identificaron para volver a ingresar durante el horario de salida de los niños y niñas. El rechazo de las y los docentes a esta provocación dio lugar al inicio de un sumario contra los docentes Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de la escuela: durante treinta días sufrieron una suspensión laboral sin goce de sueldo a pesar de que ambos tienen fueros sindicales. Ante este hecho, las escuelas se organizaron en solidaridad mediante diversas campañas.

Ademys: ganó la Multicolor

El martes 29 de noviembre se llevó adelante la elección para Consejo Directivo del sindicato docente porteño. En medio de la persecución política contra el sindicato por parte del Gobierno de la Ciudad y con una muy buena concurrencia a las urnas por parte de sus afiliados, la lista 15 Multicolor fue la clara ganadora de la elección, renovando mandato para esta etapa.

Conformada por las agrupaciones docentes 9 de abril (PTS-independientes), Lista de Maestres y Profesores (IS-independientes), Tribuna Docente (PO-independientes) y Alternativa Docente (MST-independientes), consagraron a Mariana Scayola con un nuevo mandato como Secretaria General y a Jorge Adaro como Secretario Gremial (ambos de Lista de Maestres y Profesores); a Amanda Martín como Secretaria Adjunta (Tribuna Docente) y a Federico Puy como Secretario de Prensa, junto a Ailén Beraldo (Corriente 9 de Abril), entre otros compañeros y compañeras que integrarán el flamante nuevo Consejo Directivo de Ademys.

Para la representación democrática de las minorías se aplica el sistema D’hont. Estos fueron los resultados de la elección:

Lista Multicolor (lista 15): 65%, 591 votos -Secretaría general y 11 cargos en la Comisión Directiva.

Lista Bermellón Haroldo Conti (lista 26): 21%, 189 votos -con 3 cargos en la Comisión Directiva.

Lista Frente de Unidad para luchar por la docencia (lista 1969): 11%, 103 votos, -con 1 cargo a la Comisión Directiva.

Lista Gris Carlos Fuentealba Nuevo Mas (lista 13): 3%, 31 votos, no logró obtener ningún cargo.

La concurrencia fue de 915 Votantes, superando elecciones anteriores.

“Sigamos fortaleciendo Ademys, construyendo un gran Cuerpo de delegades, impulsando asambleas abiertas, que sirvan también para imponerle un plan de lucha a UTE-CTERA en la perspectiva de un sindicato único de toda la docencia. Peleemos junto a otros sectores en lucha y toda la comunidad educativa, y pongamos en pie una gran secretaría de mujeres y géneros en momentos donde el ajuste tiene rostro de mujer”, señalaron los flamantes ganadores.

Ilan Korda, Happy Family, 2018

¿Cuál es el lugar de las familias en la escuela?

Por Diego Herrera

Los directores escolares, sobre todo los del Secundario, suelen quejarse de la falta de participación de madres y padres en la vida institucional. La ministra de Educación porteña denuncia excesiva intromisión y los demanda por las tomas de protesta que realizan sus hijos. ¿Las familias solo tienen que participar de las cooperadoras? ¿Pueden opinar en cuestiones pedagógicas?

¿Las familias tienen derecho a cuestionar el sentido formativo de las tareas que la escuela propone? En esta pregunta que se hace el doctor en Ciencias de la Educación Isabelino Siede se concentra gran parte del conflicto en ese vínculo siempre incómodo y siempre necesario entre las instituciones del sistema educativo obligatorio y las familias. Hay consenso de que estas deben participar de la vida escolar, pero, si se involucran demasiado, enseguida puede emerger el malestar entre docentes y equipos directivos. En cambio, cuando se mantienen al margen, se las señala por su desinterés.

“Solo por el hecho de que las familias deben llevar y retirar a sus hijos e hijas de la escuela, hay mayor relación con directivos y docentes en los niveles Inicial y Primario”, observa Pablo Cesaroni, integrante del colectivo porteño Cooperadores en Movimiento. Este contacto cotidiano cambia en el Nivel Secundario: las y los estudiantes ganan en autonomía, tanto para llegar y retirarse por su cuenta de las instituciones como para construir sus propias opiniones acerca de la formación que reciben. Sin embargo, Siede considera: “Es cierto que la voz de las y los adolescentes tiene mucho peso y, a veces, parecería alcanzar para suplir el diálogo con las y los adultos responsables. Sin embargo, es importante que la escuela secundaria se plantee cómo convocarlos”. Así, el nivel educativo es un primer factor que incide en la relación entre escuelas y familias.

La intervención del Gobierno porteño ante las tomas de 26 escuelas secundarias entre fines de septiembre y principios de octubre de 2022, por otra parte, cristalizó una concepción acerca del lugar que deben ocupar las familias como encargadas “de poner límites” a las y los adolescentes que tienen a cargo. “Estamos demandando a todos los padres que apoyan las tomas de las escuelas”, dijo la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. De esta manera, por un lado, se acota el modo de participación de las familias, que ya no son convocadas al diálogo en escenarios de conflicto y, por el otro, se desconoce que la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes garantiza al estudiantado la participación autónoma en las cuestiones que le conciernen. No parece haber una forma más contundente de disciplinar la participación comunitaria: el pronunciamiento de las familias que estaban contra las tomas era alentado y bien recibido; mientras que, al mismo tiempo, la policía de la Ciudad llevaba notificaciones que intimaban a abonar daños y perjuicios a las casas de estudiantes que participaron de las tomas. A fines de octubre, además, el Gobierno porteño informó que la Procuración General de la Ciudad denunció penalmente a 366 adultos a quienes responsabilizó por las medidas de lucha que estudiantes votaron en asamblea. También se cursaron 21 denuncias civiles que ascienden a más de 50 millones de pesos.

La vida escolar cuenta con un repertorio institucionalizado que organiza la relación con las familias: reuniones informativas y para la entrega de boletines, actos escolares y consejos escolares que, en el nivel medio, suelen convocarse para abordar cuestiones disciplinarias y deben contar con representantes docentes, estudiantiles y de las familias. No obstante, uno de los canales de participación más sistemático y efectivo suele ser la cooperadora escolar. La Ley Nacional de Cooperadoras Escolares, sancionada en 2012, define que estas organizaciones persiguen desde la democratización de la gestión educativa hasta cualquier acción destinada a mejorar la calidad y la inclusión educativa.

“La cooperadora es el único lugar institucional que tiene la comunidad dentro de la escuela. Es la representación formal de la comunidad”, sostiene Rosana Merlos, Directora de Cooperación Escolar de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y ex directora de Derechos Humanos de SUTEBA. Su gestión, dice, busca promover la participación de las familias a través de las cooperadoras y, para eso, intenta reducir el peso de las tareas administrativas para que estas “se piensen como actores fundamentales en el desarrollo de la vida de la escuela”.

“Muchas veces, el primer escollo que hay que saltar es el directivo”, opina Gustavo Mogues, cooperador en las escuelas primarias Nº 69 “Dr. Gabriel Carrasco” y Nº 1.080 “Gabriela Mistral” de Rosario. Además, entre 2007 y 2017, fue presidente de la Federación de Cooperadora Escolar del Departamento de Rosario. “Si los directivos abren las puertas y llaman a los padres, juntan gente. Pero a veces eso no pasa. En la provincia de Santa Fe, lamentablemente, hay un decreto que obliga a la cooperadora escolar a administrar los comedores. Eso es muy difícil de llevar a cabo y, muchas veces, genera tensiones con los directivos por el control del dinero”, agrega. De acuerdo con Mogues, suele haber menor conflictividad con el cuerpo docente y, en este caso, son más habituales los gestos de apoyo.

“Aún tenemos escuelas a puertas cerradas. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, sin injerencia de las familias”, reclama Sonia Lizondo, secretaria de la Cooperadora del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) Nº 269 de Córdoba Capital y coordinadora de más de 300 cooperadoras a lo largo y ancho de esa provincia. “Vemos que cuesta desarrollar un rol colaborativo, porque no hay diálogo entre las instituciones y las familias. Aún estamos luchando por tender un puente con la escuela”, completa.

Elizalde, con larga trayectoria en la cooperación escolar, identifica que el foco principal de conflicto suele ser la dificultad para delimitar roles de equipos directivos y de las comunidades. “Muchas veces –explica– las cooperadoras equivocamos el rol y creemos tener injerencia en la parte pedagógica. Eso no es así. Pero sí nos gustaría participar de la toma de muchas otras decisiones para el bien de la institución; colaborar con el proyecto educativo”. En contrapartida, coincide con Mogues en que abundan las conducciones que no convocan a las familias, así como dificultan la creación de Centros de estudiantes.

“Un punto muy importante es cómo la escuela abre las puertas a esa participación –considera la funcionaria Merlos. Es un debate que debemos dar permanentemente. El directivo es el asesor de la cooperadora y quien inicia la convocatoria para que se constituya, pero no es una autoridad de la cooperadora. A veces eso se confunde, y se desvirtúa el sentido de la participación comunitaria”. En la misma dirección, evalúa que “a veces hay miedo de abrir a la participación, porque se piensa que las familias pueden incidir de cualquier manera en el proyecto de la escuela”. Y añade: “Eso no es así y, a la vez, es fundamental que el proyecto de la escuela tenga un sentido comunitario y que la constitución de la cooperadora pueda ser parte de su proyecto”. Por eso, es muy importante que se generen debates y formación dentro de nuestros equipos directivos y en la formación docente, en general, para abordar la cuestión de la participación de la comunidad, y de la cooperadora, como un instrumento más.

Daniela Pace, directora de la Escuela Secundaria Nº 19 de Hurlingham, aporta una mirada diferente: “Estamos abriendo espacios y buscando formas para que las familias se comprometan más con la escuela. En el Nivel Secundario, es más difícil que esto pase”. Luego de años de intentarlo, esta escuela del oeste bonaerense pudo conformar la Asociación Cooperadora y se regularizó la participación de la comunidad a través de ese vehículo. Cuenta la directora: “Las familias empezaron a convocar reuniones, hicieron rifas y prepararon una mesa dulce en la muestra pedagógica de mediados de octubre”. La idea es recaudar dinero para pagar el traslado a Córdoba, con motivo del viaje de estudios de sexto año.

La posibilidad de que familias y estudiantes incidan en los asuntos pedagógicos es parte de un debate intrincado. Siede, autor de Entre familias y escuelas. Alternativas de una relación compleja (Paidós, 2017), relata que, cuando a algunas y algunos docentes se les pregunta si las familias están habilitadas a cuestionar el sentido formativo de sus propuestas, responden por la negativa. “Yo creo que las familias tienen derecho a solicitar que se justifique por qué se ofrece cierta propuesta formativa. Obviamente, ese derecho conlleva la responsabilidad de escuchar la respuesta”, argumenta. En ese mismo sentido, destaca la importancia de que las cooperadoras no sean meras proveedoras de materiales y, en cambio, puedan involucrarse además en los proyectos educativos; “que sean también un lugar donde la escuela puede escuchar aquello que las familias tengan para decir”.

La directora de Hurlingham también tiene su posición al respecto: “Creo que si se les ofrece espacios adecuados de participación, las familias pueden llegar a opinar sobre lo pedagógico. Obviamente, siempre desde la construcción. Son importantes las voces de la familia en este sentido. Es importante mantener espacios de escucha, que se sientan contenidas”. En esta búsqueda, Pace promueve encuentros mensuales cuya temática es definida por las propias familias. “Por ejemplo –relata–, en una las charlas, se abordó de qué manera se trabajan los contenidos de educación sexual integral y se compartieron idea acerca de cómo pueden abordarlos las propias familias.”

Así como las y los docentes tuvieron que aprender que la escuela secundaria debe incluir a todo el estudiantado y que ya no puede ser una institución expulsiva, las familias también transitan ese mismo aprendizaje. “Cuando hay problemas de convivencia entre estudiantes, es posible que algunas familias vengan enojadas y su primera reacción sea que hay que echar a tal o cual alumno”, ejemplifica Pace. Por otra parte, según la directora, la escuela debe ser paciente al momento de poner en común los nuevos dispositivos pedagógicos que pretenden favorecer la inclusión: “A veces es necesario explicar que hoy no se enseña de la misma manera que antes, que la calificación con una nota numérica no muestra necesariamente lo que aprendió un estudiante y que la evaluación es un proceso continuo”.

Hace unos años, el entonces director de la Escuela Primaria Nº 10 de Barracas, Daniel Ferro, opinaba acerca de ciertas reacciones violentas de parte de algunas familias: “Quizá muchas veces estamos esperando a los papás para retarlos, para ‘pegarles’. Somos un lugar más donde el Estado le pega a ese padre que ya viene fragilizado. Si la escuela se convierte en otro lugar de lo punitorio, del permanente dedo que señala e indica lo que está bien y lo que está mal, estamos abonando un campo fértil para que haya una reacción violenta” (1). La reflexión del director sirve para entender que el nivel socioeconómico de las comunidades puede incidir en los modos de acercarse a las instituciones: las familias de clase media se sentirán más cómodas exigiendo, en un lugar similar al del cliente que demanda; las familias más vulneradas estarán más habituadas a recibir reproches y reclamos.

“Hay escuelas ‘de élite’, por llamarlas de alguna manera que no es la adecuada, donde se encuentran cooperadoras con mucha participación. Lamentablemente, la crisis económica ahuyenta la participación y la gente no puede preocuparse tanto por la escuela”, reconoce Mogues. En esa misma dirección, afirma Cesaroni: “En general, es muy baja la participación entre los sectores más vulnerados. En las escuelas de la zona norte, las familias suelen tener más tiempo y pueden contar con empleadas que cuiden a sus niños. Además, es probable que las conducciones de esas escuelas estén más abiertas a recibir personas con mayor poder adquisitivo”.

Siede, por su parte, suma otra perspectiva y analiza cierta “modalidad clientelar” que se habría impuesto en las relaciones entre comunidad e instituciones. “Una de las virtudes y, al mismo tiempo, de los riesgos de las escuelas es que ponen la cara todos los días –considera. Cuando muchos sectores sociales no tienen a quién reclamar por numerosas ausencias o maltratos, allí está la escuela. Es una virtud de la escuela, porque está en diálogo con las comunidades, pero hay familias que tienen una mirada muy destemplada y pueden enojarse con quien se les ponga enfrente, que, muchas veces, es docente o parte del equipo directivo. En esta época de crisis, ha habido un incremento fuerte de las fricciones con las familias.”

La relación entre la escuela y las familias también suele ser más profunda cuando se trata de comunidades pequeñas o de ámbitos de ruralidad. “La mayoría de los docentes nos quedamos de lunes a viernes en la institución, porque estamos a grandes distancias y a veces los caminos no son buenos. Por eso, tenemos contacto permanente con las familias”, dice Bernardino Coronel, director de la Escuela Primaria N° 804 “Fermín Sabalza” de Barrancas, Departamento de Salavina, Santiago del Estero. Esta primaria tiene una matrícula de 43 alumnos.

“Las escuelas de pueblo tienen mucha participación de la comunidad, porque es parte de su vida. Las escuelas rurales son un núcleo generador de la familia y de comunidad”, observa, en el mismo sentido, el cooperador Mogues. El director santiagueño afirma que las visitas de los docentes a las casas de sus estudiantes son moneda corriente en Barrancas: “La familia de la ruralidad quiere compartir lo que tiene con el docente. Y es una alegría inmensa cuando el docente llega al hogar. Ese niño, al que a veces puede faltarle afecto en alguna familia que está muy ocupada en los quehaceres cotidianos, encuentra amor y cariño en el docente. Es ahí cuando ese lazo se hace más fuerte y el niño ve a su docente como uno más de la familia”.

Nota:

  1. Diego Herrera, Mariana Liceaga y Julián Mónaco, “¿La escuela es un escenario de violencia?”, en La educación en debate #45Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2016.

Diego Herrera. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y docente; miembro del equipo editorial de UNIPE.

La lucha de la comunidad educativa de la escuela 17 de Merlo. Foto: La Izquierda Diario.

Merlo: la comunidad educativa de la escuela 17 continúa movilizada para frenar la venta y por la restitución de su edificio

El miércoles 21 hubo una nueva manifestación en las puertas del edificio histórico con la consigna “por una Navidad con nuestro edificio”. El miércoles pasado se habían movilizado hacia el Consejo Escolar, el Concejo Deliberante y el municipio. El pedido fue claro: que el edificio se declare como bien público y se devuelva a la escuela.

La lucha de la comunidad educativa de la escuela 17 de Merlo. Fotos: La Izquierda Diario.

Con un micrófono abierto, informaron que seguirán solicitando explicaciones a las autoridades educativas provinciales a cargo del gobierno de Kicillof, sobre el cartel de venta en el edificio, ya que las mismas se habían comprometido a llevar a cabo las gestiones necesarias para que la escuela volviera a funcionar en el edificio de Libertador, donde lo hizo durante 60 años. Sin embargo, no cumplieron y ahora está en venta con el cartel de la inmobiliaria Cocuzza, cuyo dueño es concejal de Juntos por el Cambio, pero parece que sus negocios están primero que la educación pública.

Pero además, cansados de tantas promesas incumplidas, cuentan que en el 2013 se sancionó en la Legislatura provincial la Ley 14.452 que declaró de bien público el edificio, dando lugar a su expropiación en un plazo de 5 años. Pero vergonzosamente, ni el gobierno de Scioli en su momento, ni el de Vidal posteriormente, la llevaron adelante, permitiendo el vencimiento del plazo prescripto por la ley. Antecedente que a pesar de la clara falta de voluntad política, es tomado como ejemplo por la comunidad, de que el objetivo de restituir el edificio es posible.

Denunciaron también las condiciones en las que se encuentran en el actual edificio alquilado de la calle Balbín, donde se suponía que sería un traslado provisorio y con las condiciones adecuadas a una escuela. Pero nada de eso sucedió.

Una preceptora contaba a la comunidad que con el cambio de edificio, la matrícula se redujo de más de 1.000 alumnos a 570 y encima con sus estudiantes divididos en 3 escuelas, porque no realizaron las aulas que dijeron. Por eso “los 6º años cursan en la escuela de ‘artes y oficios’ y el Cens en la escuela 45. Pero además, nos encontramos con grietas en los techos, aulas pequeñas sin ventilación, sin patio ni espacio suficiente y durante el invierno se tuvieron que suspender las clases por falta de calefacción, nos dejaron los agujeros en las paredes pero nunca trajeron las estufas y no se cuenta con gas”.

Las docentes comentaron que realizaron una asamblea de la escuela para definir cómo continuar la pelea. Allí debatieron las acciones con el objetivo de evitar la venta del edificio y recuperarlo para la escuela. Se definió solicitar explicaciones a Inspección y a la Dirección General de Cultura y Educación, ya que se habían comprometido respecto de la recuperación del edificio histórico y pasado todo el año, ahora tiene un cartel de venta. Se puso sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades provinciales que fueron quienes declararon como “Inhabitable” al edificio, pero en vez de destinar presupuesto y hacer las obras para la escuela, terminaron desalojando y realizaron el traslado.

Se intercambió realizar pedidos de información oficial al Municipio para conocer los pasos llevados adelante para que la escuela se mantenga en su lugar y solicitar que se declare “edificio histórico” y no sólo “fachada”, por la importancia en términos educativos, simbólicos y culturales que representa la institución de la EES N°17. Se debatió sobre la ausencia de los sindicatos docentes y en especial el Suteba de Merlo, por lo cual se definió exigir de diversas maneras que se involucren en esta pelea, al mismo tiempo que las y los docentes presentes en la asamblea se pronunciaron a favor de mantener las acciones mediante marchas, cortes y convocatorias propias.

Atentado contra la sede de ATECh en Comodoro Rivadavia

El viernes 25 de noviembre trabajadores y trabajadoras de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) informaron que alrededor de las 21:20 personas con el rostro cubierto lanzaron dos bombas molotov contra la puerta de la sede del sindicato en la calle Urquiza en Comodoro Rivadavia. Allí se encontraba una trabajadora de la conducción Regional, y un docente que estaba alojado con su familia en el hospedaje de la institución. La primera bomba explotó muy cerca de ellos, la otra golpeó contra el nicho de gas y no llegó a encenderse. «Exigimos al Gobernador Arcioni que repudie este atentado y lo hacemos responsable de nuestra seguridad», expresaron. Además, denunciaron que la policía tardó una hora y media en presentarse en el lugar.

Mediante un comunicado desde ATECH remarcaron que los hechos no guardan relación con lo sucedido con un grupo de padres del Jardín N° 406, que señalaban al sindicato de proteger a un docente abusador. «Ya está más que claro que el sindicato no resguardó al docente acusado ni se le puede responsabilizar por hechos que le son completamente ajenos. ATECH no designa ni evalúa docentes. Nuestro sindicato se expresó muchas veces: ¡Queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia! Queremos que el sistema judicial investigue rápidamente y con seriedad. Repudiamos cualquier hecho que atente contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes».

Finalmente, desde los y las trabajadoras de la educación remarcaron el rol de los comunicadores en incentivar la violencia contra les docentes. «Interpelamos a ciertos comunicadores que incentivaron, en base a mentiras, la violencia absolutamente injustificada contra las y los docentes, en particular del nivel inicial. Se ataca injustamente quienes cada día hacen su trabajo con profesionalismo y respeto por las niñas y los niños y lo hacen pese al sueldo miserable, y la falta de recursos».

Fuentes: Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Le Monde Diplomatique, Anred, rebelion.org, Resumen Latinoamericano

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Familias enteras reclaman que están por debajo de la indigencia y exigen un sueldo digno de $6.800 por hectárea, mañana se realizará la paritaria y exigen no menos de eso. Realizaron cortes intermitentes en la Ruta 7 a la altura de San Martín.

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Uno de los trabajadores que reclamaba en el lugar nos comentó “la familia contratista está reclamando un sueldo digno, hoy estamos peleando por 6.800 pesos y queremos que el sindicato no cierre mañana en paritarias por menos de esta cifra. Además, le estamos exigiendo al Estado que se haga cargo de la ayuda RePro que supuestamente era para los contratistas y hoy no damos cuenta que no es así, es una ayuda para el productor. No estamos en contra de la ayuda al empleador, pero sí estamos en contra de que hayan utilizado la figura del contratista para callarnos y burlarse, en una situación compleja como es el tema de la inclemencia climática sumado a la inflación y estamos por debajo de la línea de indigencia”.

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Sonia contratista de viña en una entrevista para radio La Mosquitera expresó “lamentablemente la situación de las mujeres contratistas es muy mala, trabajan a la par de sus maridos y están totalmente desprotegidas ante con los aportes jubilatorios, ART y en negro”.

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estado laico zoom

Redacción Canal Abierto | De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Nacional, “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Ese sostén significa, en la actualidad, 200 millones de pesos al año del Presupuesto estatal.

“Hoy por hoy el Estado argentino sostiene los salarios, todas las asignaciones y hasta los sueldos de los seminaristas de un solo culto. No así del resto de las religiones y cosmovisiones”, explica Mariana Catanzaro, abogada, directora de la Secretaría de Estado laico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que integra Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA). Este colectivo impulsa un proyecto de ley para separar la Iglesia Católica del Estado nacional.

La discusión —representada en las calles por un pañuelo naranja y un lema: “Iglesia y Estado, asuntos separados”— lleva un tiempo largo y cobra sentido en un marco económico, jurídico y también histórico.

“Tenemos decretos leyes que datan de la época de la última dictadura donde (Rafael) Videla, (Reynaldo) Bignone y (Leopoldo Fortunato) Galteri han beneficiado a obispos, arzobispos, curas de fronteras y demás con salarios semejantes al 70% del de un juez de primera instancia, por ejemplo. Esto nos parece que daña la igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa. Tengamos en cuenta que Argentina es diversa: está compuesta por originarios, evangélicos, protestantes, judíos, ateos, islámicos y el único culto que se sostiene es el católico”, detalla Catanzaro en diálogo con Canal Abierto.

Injerencia religiosa en las decisiones estatales

Pese a que el derecho positivo local garantiza la libertad de conciencia y la igualdad ciudadana, las leyes que otorgan un trato privilegiado a la Iglesia Católica por sobre los otros cultos arrancan en el mencionado artículo 2 de la Constitución, pero el sesgo religioso está presente también en su Preámbulo (“invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”) y en los artículos 19 y 93 que el proyecto de OLA busca modificar. De allí para abajo, lo mismo ocurre con distintos decretos de la dictadura e incluso se mantiene en recientes normas sancionadas por la democracia.

Si se lee el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, hay beneficios para originarios, universidades y para el culto católico, le otorga licencias para ocupar espacios”, cuenta Catanzaro.

En el historial de normas que han significado ampliación de derechos, Catanzaro repasa que la Iglesia Católica se ha opuesto a todas: el Divorcio, el Matrimonio Igualitario, y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otras.

“De ninguna manera este trato y este sostén específico del culto es inocente: esto pondera a la Iglesia Católica y la ubica en una situación preferencial. Entonces, cuando hay alguna cuestión que está atravesada por la moral católica y los católicos se sienten agraviados, no digo los fieles sino la curia, la Iglesia comienza a participar con una voz muy fuerte, muy preponderante en los medios, y opina sobre todo tipo de cuestión esperando que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo gobiernen por sus estándares de moralidad —explica—. Ocurrió con el aborto y con otros temas, como el consumo responsable de estupefacientes, cannabis medicinal, eutanasia”.

En ese sentido, el proyecto de OLA aboga porque se aplique efectivamente la Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo, establecida en la Ley Nacional de Educación de 2006 pero todavía ausente de la mayoría de las currículas debido a la fuerte oposición de la Iglesia Católica.

“El ordenamiento jurídico, que es ese conjunto de normas en las cuales tenemos primero a la Constitución y luego las demás leyes, debieran tener coherencia. Eso significa que si se abona por la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y se habla de una escuela laica, el resto de las normas debería ser concordante con ese criterio —analiza la letrada—.  La ESI tiene una línea de pensamiento para tratar de proteger a las infancias, darles información, que se respete la diversidad de elección, pero paralelamente el Estado facilita los propósitos de una religión que va en contrario. Hay una contradicción axiológica muy fuerte. Pagamos el sueldo a toda una serie de clérigos que formulan actuaciones contrarias a las normas que dicta el Estado argentino”.

En la misma línea, el Estado argentino mantiene símbolos religiosos en espacios públicos, en oficinas públicas, en escuelas públicas, en tribunales.

Si la mayoría del pueblo argentino profesa el culto católico apostólico y romano, ¿por qué el Estado argentino no debería sostenerlo?

—Los derechos humanos no se afirman ante la mayoría, se tienen que respetar a las minorías. No vale decir: como la mayoría somos heterosexuales, entonces no reconocemos a las minorías sexuales. Lo que proponemos es que el ordenamiento jurídico sea lo más plural posible, que quepan tanto protestantes, evangélicos como católicos y que todos sean tratados en igualdad de condiciones.  Porque vos, evangélico, le pagarás a tu pastor y también, por ser minoría, pagás el culto de la mayoría. Lo mismo para un ateo. El mismo derecho debería ser ejercido en igualdad de condiciones y que no le sea más costoso a la minoría ser minoría, porque esto es tan absurdo como poner un impuesto al homosexual.

Cristo vence

Con la intención de que este proyecto sea tratado en el Congreso, desde OLA están hablando con legisladores de distintos espacios políticos y juntando firmas para acompañar la iniciativa que brega porque “los cultos puedan manifestarse libremente pero sin buscar apropiación total o parcial de lo comunitario”.

“La vimos a (la presidenta de la Cámara de Diputados) Cecilia Moreau pero también vamos a ver a radicales porque sabemos que abonan por un Estado laico. Toda la izquierda también ha sido muy coherente en que siempre se han manifestado a favor. La Iglesia Católica en varias ocasiones intentó condicionar la agenda política de peronistas, radicales y de todos los partidos políticos”, señala Catanzaro.

Y recuerda la leyenda “Cristo vence” inscripta en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo repleta de manifestantes justicialistas en 1955, y el enfrentamiento del ex presidente Ricardo Alfonsín con la Iglesia Católica que se oponía al Juicio a las Juntas, 30 años después.

Luego resume: “Acá cerquita tenemos el caso de Uruguay, que es un estado laico. Y es muy común que vos vayas a un restaurante y te atienda una persona que es cura. Este proyecto no intenta abolir la religiosidad, ni mucho menos menoscabar el derecho a la libertad religiosa de los creyentes católicos. Lo que se intenta es que se trate de igual modo la diversidad de personas que ejercen otras religiones y que no tienen por qué sostener a un único culto”.

Para ser parte de la iniciativa se pueden conectar con Organizaciones Laicistas Argentinas, en TwitterInstagramFacebook o al e-mail organizacioneslaicistas@gmail.com.

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Bono trabajadores informales

El Ministerio de Desarrollo Social acordó el pago de un bono a los titulares del programa Potenciar Trabajo «de igual valor al último abonado», que se cobrará «con el sueldo de marzo 2023», en un encuentro que mantuvo con integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), mientras que hoy se reunirá con dirigentes de la Unidad Piquetera (UP).

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Foto: 

Tiempo Argentino

El acuerdo quedó reflejado en un acta de seis puntos, en el que se destacó el pago de un nuevo bono de 13.000 pesos para los titulares del programa Potenciar Trabajo a cobrarse en marzo del año próximo y el pago de todos los expedientes (entrega de herramientas y maquinaria) con el presupuesto del corriente año.

En el encuentro realizado ayer, que se inform, se acordó la compra mensual de bolsones de frutas y verduras producidos exclusivamente por cooperativas agrarias, la construcción de módulos húmedos (sanitarios) en barrios populares y la entrega para confección de guardapolvos y otros de compre estatal para las cooperativas textiles.

Fuentes del ministerio encabezado por Victoria Tolosa Paz informaron que también se conformó una mesa de trabajo a fin de discutir en adelante resoluciones y reglamentaciones vinculadas al Potenciar Trabajo.

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio y coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, dijo  que «los movimientos sociales y la UTEP, como representante del sector, son clave a la hora de redefinir algunos lineamientos del Potenciar Trabajo» y celebró la mesa de trabajo que quedó conformada «para seguir trabajando a futuro».

Respecto de la reunión, Menéndez valoró el «esfuerzo permanente en construir instancias de diálogo en un escenario social muy difícil» y el haber conseguido la «consignación de un bono para fortalecer el poder adquisitivo de los ingresos de los programas de empleo para marzo del próximo año».

Asimismo, describió el acuerdo como «un horizonte» para transitar un «momento complejo a nivel social» para «fortalecer los esquemas de desarrollo de la economía popular tanto en el esquema de producción textil, en el esquema de reciclado como en las cooperativas de construcción y producción de alimentos».

De la firma del acuerdo con Tolosa Paz participaron los referentes de las distintas organizaciones de la Utep, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otros.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social recibirá hoy a los dirigentes de las organizaciones sociales de izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera, como continuidad de la reunión desarrollada la semana pasada y en el marco de la discusión sobre el mantenimiento de los planes sociales para desocupados, la entrega de alimentos para comedores y de herramientas para emprendimientos productivos.

El encuentro está previsto a las 15 en la sede de la cartera social nacional, ubicada en la Avenida 9 de Julio, entre Moreno y Avenida Belgrano.

La coordinadora nacional Territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia, confirmó el encuentro y enumeró los reclamos del sector.

«La primera de las preocupaciones es la intención de desafectar del del Programa Potenciar Trabajo a una cantidad importante de personas a partir del informe que hizo la Afip de 250 mil irregularidades», explicó Saravia.

Asimismo, sostuvo que «otra de las preocupaciones es este intento de desacoplar el Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), con la pretensión que se pierda el valor económico de ese ingreso» y manifestó que «todas las dificultades de la gestión que venimos observando con falta de cumplimiento de la palabra empeñada, tanto en la llegada de alimento frescos a los comedores como en la entrega de herramientas» para los microemprendimientos productivo en los barrios humildes.

El jueves pasado la UP desarrolló un nuevo plan de lucha con epicentro en Desarrollo Social, donde realizaron un «acampe de protesta» y luego de 13 horas frente a la sede de ese ministerio alcanzaron un acuerdo y levantaron la medida.

Los manifestantes consiguieron el compromiso por parte del Gobierno de entregar las herramientas de trabajo y alimentos adeudados en diciembre, además de agendar una nueva reunión prevista para mañana, donde se tratarán otros temas pendientes, como es el caso de las bajas en los planes Potenciar Trabajo.

La UP está integrada, por MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Polo Obrero (PO), el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

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Sindicatos y herramientas digitales

Los sindicatos han estado utilizando la tecnología durante mucho tiempo para facilitar la organización y la comunicación con sus afiliados y con el público en general. En la era digital actual, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en herramientas valiosas para los sindicatos que buscan llegar y movilizar a sus miembros, así como comunicarse con el público y los medios de comunicación.

Fotos: 

Gastón Berenstein

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Foto: 

Gastón Berenstein

Pero las plataformas digitales también pueden ser muy útiles para la organización interna de los sindicatos. Por ejemplo, plataformas como SociosPlus, o las redes sociales y las aplicaciones de mensajería pueden utilizarse para organizar eventos, reuniones y campañas de manera más eficiente. Además, estas plataformas pueden utilizarse para mantener a los miembros del sindicato informados sobre desarrollos importantes dentro de la organización.

La tecnología también puede ayudar a los sindicatos a llegar a nuevos miembros y a atraer a jóvenes que quizás no estén tan familiarizados con los sindicatos tradicionales. Al utilizar plataformas digitales, los sindicatos pueden llegar a audiencias más amplias y hacer que su mensaje sea más accesible para aquellos que no estén directamente involucrados en la organización.

En resumen, la tecnología puede ser una herramienta valiosa para los sindicatos que buscan organizar y comunicarse de manera eficiente. 

A medida que la tecnología continúa evolucionando, es importante que los gremios estén al tanto de las nuevas oportunidades que se presentan y se adapten a ellas de manera oportuna.

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En el tercer trimestre del año

El 61,7% de la población ocupada percibió algún ingreso, en promedio de $83.755, en el tercer trimestre del año, en medio de una leve mejora de la distribución en comparación al mismo período de 2021, según la evolución del coeficiente de Gini, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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En su informe «Distribución del Ingreso», el Indec precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada explicó en ese período el 1,4% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentró el 28,6%.

Respecto a la población ocupada, que el Indec dio cuenta que se registró un ingreso promedio de $78.930 y un ingreso mediano de $62.000.

El Indec informó también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $52.483.

En tanto, la mayor equidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al «0» como el nivel de mayor igualdad y al «1» con el mayor desequilibrio.

Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el segundo trimestre del año un valor de 0,424 puntos, contra 0,441 de igual período de 2021.

Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $29.998; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $79.066; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $200.714.

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $95.609, mientras que el de las mujeres fue de $72.150.

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.362.196 personas con ingreso promedio de $83.310.

El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $104.790, lo que marcó una suba de 68,9% interanual, mientras que para aquellas sin descuento, ese ingreso alcanzó a $45.981, con un alza de 68,4% interanual.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 75,7% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 24,3% restante.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 60,4% en el primero y 13,7% en el décimo.

Los hogares con personas en relación de dependencia mostraron que la cantidad de personas no ocupadas fue de 126 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de personas no perceptoras de ingreso fue de 62 por cada 100 perceptoras.

Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos ya que, por ejemplo, para el decil 1 la cantidad de personas no ocupadas es igual a 254 personas por cada 100 ocupadas, y 154 no perceptoras cada 100 perceptoras; mientras que en el decil 10, se advirtieron 38 no ocupados por cada 100 ocupados, y 17 no perceptores por cada 100 perceptores.

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El Sindicato de Televisión lanzó un nuevo paro nacional y ratificó su reclamo salarial

El Sindicato de Televisión lanzó un nuevo paro nacional y ratificó su reclamo salarial

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) lanzó un nuevo paro nacional de trabajadores de canales de cable y demás circuitos cerrados del país, para este jueves 29, y ratificó su reclamo salarial ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) lanzó un nuevo paro nacional de trabajadores de canales de cable y demás circuitos cerrados del país, para este jueves 29, y ratificó su reclamo salarial ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

A través de un comunicado, el Consejo Directivo Nacional del SATSAID anunció “paro nacional de 24 horas, a realizarse a partir de las 0 horas del jueves 29 de diciembre de 2022, con asistencia en los lugares de trabajo”.

La medida de fuerza se implementará “en todas las empresas del país alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajo 223/75, en apoyo a nuestra solicitud de recomposición salarial”, confirmó la entidad sindical.

Asimismo, la jornada de protesta incluirá “una movilización de trabajadores y trabajadoras el día 29 de Diciembre de 2022 a las 11 a las puertas de las empresas más representativas del sector en cada jurisdicción del país”.

La conducción del gremio resolvió el paro al señalar que “el sector empresario continúa en una posición cerrada, manteniendo una propuesta insuficiente para resolver el grave deterioro salarial del último semestre y prever una recomposición razonable para los meses próximos”.

En ese sentido, la dirigencia sindical indicó que en la audiencia que se desarrolló este lunes “las empresas ofrecieron un 11,5% para el mes de diciembre, un 11,5% para el mes de febrero y volver a reunirse el 15 de febrero”.

“Esta propuesta fue rechazada de forma rotunda por el SATSAID porque no resuelve el grave desfasaje salarial y no atiende correctamente las proyecciones futuras de inflación. Es una propuesta que nos garantiza no recuperar el salario y seguir perdiendo frente a la inflación”, se pronuncio el gremio.

Al respecto, el Sindicato de Televisión decidió “ratificar nuestra solicitud de recomposición salarial de un 80% sobre las remuneraciones de las trabajadoras y los trabajadores vigentes Junio 2022, que sumado al 33% ya ejecutado, nos permitiría consolidar un aumento del 113%”.

De cara a la jornada de protesta de este jueves, la directiva nacional del gremio informó que “cada seccional deberá implementar esta manifestación en su jurisdicción, de la forma más adecuada a su territorio” y que “en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) nos movilizaremos a la cámara empresaria ATVC cita en Avenida de Mayo 749, CABA”.

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Organizaciones sociales, políticas y gremiales denuncian un «enclave británico» en Lago Escondido en el que opera «un poder mafioso»

Organizaciones sociales, políticas y gremiales denuncian un «enclave británico» en Lago Escondido en el que opera «un poder mafioso»

Organizaciones sociales, políticas y gremiales en conferencia de prensa aportaron detalles de la nueva marcha a Lago Escondido que, como otros años, se realizará entre enero y febrero próximo para denunciar que el lugar es un «enclave británico» y funciona como «la cueva de un poder mafioso».

En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó hoy a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate británico Jor Lewis.

«Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también», sostuvo Grabois a través de Twitter.

Esta acción se desarrolla el mismo día en que otro grupo de organizaciones -nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca)- ofrecerá este mediodía una conferencia de prensa en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense -ubicada en Paseo Colón 631, en CABA- para dar detalles de la ya tradicional marcha que realizan anualmente para visibilizar el reclamo por el acceso público al Lago Escondido.

Según adelantaron en un comunicado, la nueva movilización -que será la séptima- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximo, y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.

En el texto, sostuvieron que Lago Escondido representa un «enclave británico» que es «la cueva de un poder mafioso, un estado paralelo vinculado al poder económico, judicial y mediático».

«Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro y de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuifí por su carácter de acceso público», añadieron.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado están La Cámpora, La Federación de Gráficos Bonaerenses (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opción por los pobres.

Asimismo, entre las razones de la marcha explicaron que buscan que «se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clarín que participaron de la reunión en el Lago Escondido en octubre pasado».

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Distintas organizaciones gremiales, que representan a docentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), convocaron para mañana a una concentración y conferencia de prensa «en rechazo al cierre de varias carreras de los profesorados que pretende llevar adelante el Gobierno» porteño.

La convocatoria se desarrollará mañana a partir de las 18.30, en la esquina de la avenida Córdoba y Ayacucho, «donde se realizará un abrazo» al Instituto de Educación Superior (IES) N°1 «Alicia Moreau de Justo».

«El próximo jueves a las 18.30 horas, el sindicato docente UTE y Ademys, junto al Cesge (autoridades de los Profesorados) y comunidades educativas convocan a una conferencia de prensa y concentración en rechazo al cierre de varias carreras de los profesorados que pretende llevar adelante el Gobierno», informaron las organizaciones gremiales.

En es marco, informaron que «este conjunto de acciones se realizan en rechazo al cierre de varias carreras de los profesorados que pretende llevar adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

«Como ya han comunicado los respectivos profesorados, -añadieron- a horas de finalizar el ciclo lectivo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó a los Institutos de Formación Docente que cerrará el primer año de varias carreras».

En un comunicado conjunto, explicaron que en el encuentro, sindicatos y la comunidad educativa porteña, reclamarán: «la inmediata reapertura de los Profesorados de Física y Lengua y Literatura de los Institutos de Formación Docente Alicia M. de Justo y Mariano Acosta y garantizar el ingreso a las y los más de 700 inscriptos a la carrera de Psicopedagogía».

«Asimismo, exigiremos la apertura para todas las carreras de la inscripción complementaria en febrero 2023; la titularización inmediata para lxs docentes del nivel Superior y la realización de una campaña de incentivo y difusión de las carreras de formación docente», enumeraron finalmente.

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a campaña de incentivo y difusión de las carreras de formación docente», enumeraron finalmente.

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INTERNACIONALES

Por la crisis inflacionaria, por primera vez en dos décadas el salario real cayó en el mundo

Por la crisis inflacionaria, por primera vez en dos décadas el salario real cayó en el mundo

Según un informe de la OIT, la suba de precios generalizada y la pandemia deterioraron los ingresos un 0,9 por ciento, por primera vez en este siglo.

El salario real delos trabajadores del mundo retrocedieron por primera vez en más de dos décadas comparado con la inflación, aseguró un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nunca antes del año 200 el poder adquisitivo promedio de todos los países que forman la entidad habían retrocedido ante la suba de precios, que en el primer semestre del año se vieron potenciados por la guerra en Ucrania y la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Según marcó el trabajo, publicado en diciembre de este año, esta crisis “está reduciendo el poder adquisitivo de la clase media y afecta de manera especialmente dura a los hogares de bajos ingresos”. Además, el análisis recalcó que “la inflación está socavando el poder adquisitivo de los salarios mínimos”.

“Las estimaciones muestran que, a pesar de los ajustes nominales introducidos, la aceleración de la inflación de los precios está rápidamente erosionando el valor real de los salarios mínimos en numerosos países, de los cuales se dispone de datos”, agregó la OIT.

En este sentido, en la región americana la caída del salario, incluyendo la Argentina, fue mayor que a nivel mundial: 1,7 por ciento en el primer semestre del año. Las paritarias se siguen abriendo en el país, buscando actualizar los ingresos, pero pocos logran ganarle al IPC.

“Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023: El impacto de la inflación y de la Covid-19 en los salarios y el poder adquisitivo” es un nuevo reporte de la OIT que analiza el impacto de esta crisis en los salarios de los trabajadores.

Entre las conclusiones del reporte, al que tuvo acceso Gestión Sindical, se estima que “los salarios mensuales disminuyeron en términos reales de 0,9 por ciento en la primera mitad de 2022; la primera vez en este siglo que el crecimiento del salario real global ha sido negativo”.

“Entre los países avanzados del G20, en la primera mitad del 2020, se estima que los salarios reales disminuyeron de 2,2 por ciento, mientras que en los países emergentes del G20 aumentaron de 0,8 por ciento, 2,6 por ciento menos que en 2019, el año anterior a la pandemia de Covid-19”, agregó la entidad. El coronavirus sigue generando impacto en la economía del planeta, lo que se suma “a las significativas pérdidas de los trabajadores y sus familias registradas durante la pandemia”.

El informe muestra que el aumento de la inflación y del costo de la vida “afecta en mayor medida a las personas de ingresos más bajos”. “Esto se debe a que ellos invierten gran parte de su renta disponible en bienes y servicios esenciales, los cuales por lo general experimentan un aumento de precios mayor que los productos no esenciales”, destacaron.

En la región latinoamericana, la caída del poder de los salarios es casi el doble que el promedio mundial: 1,7 por ciento. “En América Latina y el Caribe, el crecimiento del salario real descendió a menos 1,4 por ciento en 2021 y menos 1,7 por ciento en el primer semestre de 2022”, dijo la OIT. En tanto, en América del Norte (Canadá y Estados Unidos), “el crecimiento medio del salario real llegó a cero en 2021 y bajó a menos 3,2 por ciento en el primer semestre de 2022”.

Paritarias argentinas

El contexto internacional impactó fuerte en el escenario nacional, que venía de años de complicaciones económicas, que se vieron potenciadas este año.

En este sentido, un reciente informe confirmó la caída del ingreso de los trabajadores, con un dato: sólo dos de los 13 gremios más importantes del país quedaron hasta el momento por debajo de la inflación. Pese al desaceleramiento de la suba de precios, todo indica que el IPC tendrá un valor de tres dígitos, lo que hace difícil sostener los salarios.

Desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma afirman que en estos valores, “el salario real argentino es el más bajo de los últimos 15 años”. Fuentes de la entidad remarcaron ante la consulta de Gestión Sindical que “hay que remontarse a 2006 para ver un deterioro salarial de esta magnitud”.

La misma fuente consultada remarcó que los ingresos más bajos “tiene un mayor impacto, como marca la OIT”, y se recordó que el deterioro del salario mínimo “es el mejor ejemplo de esta situación”.

En tanto, se espera que el verano del 2023, a diferencia de otros años, se una temporada “caliente” en materia de paritarias, ya que hay muchas revisiones pendientes. La revisión de comercio será clave, el 59,3 por ciento, lejos de la inflación real. La mayor paritaria del país será un faro de cómo puede darse el año.

También se espera una revisión por parte de los estatales nacionales, por ejemplo. Aceiteros cerró la primera paritaria del 2023: un 40 por ciento semestral, otra guía de lo que se espera del año.

Recomendaciones

En este panorama, la OIT explicó que existe “la necesidad urgente de aplicar medidas políticas bien diseñadas dirigidas a sostener el poder adquisitivo y los niveles de vida de los trabajadores asalariados y de sus familias”.

“El ajuste adecuado de las tasas de salarios mínimos pueden ser una herramienta eficaz, dado que 90 por ciento de los Estados miembros de la OIT disponen de sistemas de salario mínimo”, recalcó la entidad. Un diálogo social tripartito y una negociación colectiva consolidadas “también pueden contribuir a lograr ajustes adecuados de los salarios durante una crisis”.

Otras medidas que pueden atenuar el impacto de la crisis incluyen “las medidas dirigidas agrupos específicos, como la entrega de bonos a las familias de bajos ingresos para ayudarles a adquirir los bienes esenciales, o la reducción del impuesto sobre el valor añadido de estos bienes para aliviar la carga de la inflación que pesa sobre los hogares y, a la vez, contribuir a bajar los niveles de inflación”.

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Internacional del Transporte ITF cruzó duramente a Rappi y respaldó la demanda penal que en su contra por lavado de activos en Argentina

Internacional del Transporte ITF cruzó duramente a Rappi y respaldó la demanda penal que en su contra por lavado de activos en Argentina

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) cuestionó este martes a la empresa de delivery internacional Rappi por las denuncias llevadas a cabo por la presunta Comisión de Delitos de Lavado de Activos que se presentaron a la justicia argentina.

“Es fundamental que la justicia investigue. En la Región, es una empresa denunciada en varios los países por distintos fraudes que incluyen precarización labor y evasión fiscal. Por eso, esperamos que actúen los organismos competentes”, repudió la ITF frente a las declaraciones que hizo la empresa.

Así, la Regional Américas refutó rotundamente en un comunicado de prensa la respuesta que dieron desde la empresa en el cual detallan las bondades de la misma haciendo hincapié en la generación de puestos de trabajo. “Se enriquecen a costa del trabajador y las trabajadoras. No les basta con precarizar, ahora también son denunciados por el lavado de activos”, expresaron.

Cabe destacar que, en su réplica, Rappi aseguró que llegó al país en “el año 2018 y, desde entonces, ha generado oportunidades económicas para más de 400.000 personas y contribuyó en la digitalización de más de 15.000 PyMEs locales que usan su tecnología todos los días para hacer crecer sus negocios”, según declaraciones publicadas en exclusiva por el portal IPROUP, especializado en plataformas digitales.

Así, Rappi salió públicamente a decir que “no es nuevo que sectores contrarios a la innovación promuevan denuncias y ataques inconducentes contra la industria de las nuevas tecnologías, intentando dañar la reputación de las compañías que la integran y perjudicando la actividad de todo el ecosistema.

«Somos conscientes que vivimos en un contexto económico desafiante, motivo que no nos frenó ni nos frenará a la hora de apostar por el crecimiento y desarrollo de nuestro país, aún frente a los embates de algunos actores puntuales que prefieren postergar el progreso tecnológico de la sociedad», completó la empresa en el statement.

En ese sentido, Edgar Díaz, Secretario Regional de la ITF, sostuvo: “Es totalmente violento ver como una empresa que, tiene políticas antisindicales tan fuertes y que no dialoga con los sectores gremiales de toda la región latinoamericana, venga a plantearse como generadora de empleo legal; cuando en verdad lo que hacen en precarizar trabajadores y obtener ganancias a costa del pedaleo o del manejo de motovehículos, esfuerzo que estos trabajadores se ven obligados a hacer por absoluta necesidad ante la dura situación económica que se vive en la mayoría de los países”.

Además, el dirigente panameño agregó que “repudiamos fuertemente las declaraciones de Rappi, porque estos unicornios digitales que trabajan desde el marketing las bondades del sistema, llamando colaboradores o emprendedores a sus trabajadores; lo que realmente hacen es esconder el trabajo sobrehumano con jornadas de más de 12 horas para que estas personas puedan llegar a tener un ingreso digno fruto de las comisiones recibidas”.

Así, ITF respaldó la denuncia No 2551/DGPDH/07 Expte. No 6402, presentada en las oficinas la Unidad de intervención temprana (UFE) el día 15 de diciembre del corriente año, realizada por Gonzalo Gabriel Ottaviano, trabajador del sector de delivery y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (A.Si.M.M), sindicato afiliado a la ITF. En la misma, se solicitó que se investigue “a todo aquel que resulte responsable, participe o encubridor”, por “utilizar a los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos”.

Al respecto, desde la ITF aseguraron que están trabajando con los sindicatos “el tema de las plataformas digitales donde encuentran muchos escollos en la Región por el fuerte lobby que aplican las multinacionales sobre los legisladores con poder político para no regular dicha actividad”.

A su vez, remarcaron que las mayores ganancias de la empresa digital de delivery en la región del Cono Sur” seguramente provienen de la evasión de los aportes patronales y de la seguridad social”; lo que significa una reducción de los costos laborales de Rappi.

“Repudiamos la justificación y la salida pública que hizo la empresa para defender su rol. Vamos a trabajar duramente con nuestros equipos legales por el caso presentado en Argentina”, afirmó Díaz desde sus oficinas en Panamá y agregaron que desde la organización “presentaremos nuestras denuncias internacionales y haremos públicas distintas campañas solidarias en contra este tipo de políticas”.

Por último, exhortaron a los políticos a que en este 2023 “colaboren con los pedidos masivos regionales de nuestros sindicatos para establecer regulaciones efectivas a la actividad que está rodeada de un marco de seguridad jurídica oscuro donde los únicos que están llenando los bolsillos de los empresarios son los trabajadores” y exigió un convenio marco que “regulen la actividad y articule a sindicatos, empresarios y trabajadores para poner fin a esta política. La única realidad es que las plataformas digitales están retrotrayendo el trabajo al Siglo XVIII bajo una premisa de modernidad que esconde precarización laboral y que buscan edulcorar con estrategias de marketing”.

ITF agrupa en el mundo a 732 organizaciones sindicales de transportes de 153 países, que representan alrededor de 6.619.354 trabajadores y trabajadoras declarados. La ITF Américas tiene sus sedes en ciudad de Panamá y Río de Janeiro.

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ARGENTINA. Gremiales. Organizaciones sociales protestaron frente a los supermercados «contra la especulación» de los formadores de precios/ La CTA Autónoma pidió garantizar la integridad de acampantes en Lago Escondido…+info – Resumen Latinoamericano